Adelanto de elecciones Cuatro dudas resueltas tras la presentación del proyecto del Gobierno de Martín Vizcarra


02/08/2019 | Total de leidas: 85


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Esta semana, el Gobierno de Martín Vizcarra presentó ante el Congreso el proyecto de ley de reforma constitucional que pretende acortar el periodo presidencial y parlamentario al 2020. Para que se concrete la propuesta, el Pleno del Parlamento tendría que aprobarla con un mínimo de 66 votos y luego tendría que recibir el respaldo mayoritario de la población peruana en un referéndum nacional. Además, ambas eventualidades deberían estar resueltas antes de diciembre de este año para llegar a los plazos que exige la ley electoral. 

Pero la iniciativa no solo será sometida a tiempos y trámites, sino también a voluntad política y al marco jurídico que prevé la Constitución. RPP Noticiasconsultó con tres especialistas del Derecho sobre los escenarios hipotéticos y las posibles salidas legales que tendrían tanto el Legislativo como el Ejecutivo en este planteamiento que ha generado nuevas polémicas.

Escenario 1: Si el Congreso retrasa el debate, ¿puede haber cuestión de confianza? 

Sí. De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros -en este caso, Salvador del Solar- puede plantear cuestión de confianza ante el Congreso.

El abogado constitucionalista y doctor en Derecho, Luis Castillo Córdova, advierte que, pese al marco legal al que se ajustan las cuestiones de confianza, no se puede perder de vista la carga y el impacto político que estas tienen. “Si existiera una indisposición del Parlamento para debatir o apoyar la propuesta, el Gobierno puede hacer cuestión de confianza. Tal y como ha sido interpretada la cuestión de confianza, incluso de la mano del propio Tribunal Constitucional, sí habría sustento para plantearla. Sin embargo, no hay que olvidar que no todo lo que es posible desde el punto de vista jurídico es necesariamente conveniente desde el punto de vista político. Una cuestión de confianza, aun como herramienta jurídica válida, subiría el nivel de confrontación y haría más difícil una solución ante un problema que siempre ha sido político”. 

Si bien no sería la primera vez que en este Gobierno se use esta facultad, la Carta Magna no establece un límite de veces ni de situaciones para que proceda. Así lo precisa la también constitucionalista Erika García Cobián Castro. “No hay un límite explícito o expreso que la Constitución establezca sobre lo que puede ser objeto o no de una cuestión de confianza. Tampoco hay un límite de ocasiones para que esta se plantee. Entonces, puede plantearse cuestión de confianza sobre una ley, una política pública, la permanencia de un ministro o -como puede ser en este caso hipotético- un proyecto de reforma constitucional como el que se ha presentado. Se puede considerar o meditar sobre el impacto político o la conveniencia de esa medida frente a la crisis, pero jurídica y constitucionalmente, no existiría un impedimento”.  

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