APRA respeta decisión de Uruguay, pero insiste en acusaciones de hostigamiento contra el partido


04/12/2018 | Total de leidas: 13


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El congresista del partido del APRA Mauricio Muldese pronunció tras el rechazo de solicitud de pedido de asilo del ex presidente Alan García a la embajada de Uruguay. El parlamentario señaló que respetan la posición del presidente Tabaré Vázquez, pero insistió en que hay un "mecanismo" para tratar de traerse abajo al APRA. 

"Nosotros expresamos nuestro respeto a la decisión del presidente Tabaré Vázquez y consideramos que el derecho de asilo es fundamental"preciso Mulder en la conferencia de prensa brindada esta tarde. El parlamentario señaló que si bien sostuvo esta posición, eso no le impedía insistir en que "sí existe todo un mecanismo y toda una maquinaria que busca desesperadamente hostigar al partido aprista". 

"Sin duda tiene dirección por parte del Gobierno", agregó Mulder. Al igual que el ex mandatario, el político del APRA "hasta este momento no es objeto de ninguna imputación" y que "se mantiene a la expectativa de las citaciones que vendrán más adelante", informó. 

"Su situación jurídica no ha variado ni un centímetro. Él no ha salido de territorio nacional ni se ha escondido. Ha hecho todo de manera abierta", agregó.

La negativa del asilo 

Esta mañana el presidente Tabaré Vázquez informó en una conferencia de prensa junto a su canciller Rodolfo Nin Novoa, que no concederá el asilo solicitado por el expresidente Alan García.

"No hemos concedido el pedido de asilo [...] porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando a cabo las investigaciones de eventuales delitos económicos. Por estas consideraciones, estrictamente jurídicas y legales, el presidente y el canciller no concedemos el asilo político", dijo Vázquez.

Por su parte, el canciller Novoa añadió: "El gobierno de Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú".

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